Marc Pons deberá declarar como testigo en el caso hidrocarburos

PalmaEl juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso hidrocarburos ha citado a declarar el 28 enero como testigos al menorquín Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart, quienes fueron jefes de gabinete de las exministros Teresa Ribera y Reyes Maroto, respectivamente. Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, del juez Santiago Pedraz. El juez ha citado el mismo día, pero como investigado, al empresario Claudio Rivas, quien los investigadores consideran al presunto líder de la trama de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel. Además, el instructor ha vuelto a llamar como imputado al empresario Víctor de Aldama el pasado 29 de enero. El 30 de enero declararán a las empresarias imputadas Carmen Pano, quien dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

Pedraz ha convocado al director general de Política Energética y Minas, Manuel García, y Manuel Salles, administrador de una empresa, para que declaren como testigos el día 29. Día 30 será el turno de Álvaro Gallego, quien podría estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.

La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa de que la trama de hidrocarburos no sólo habría logrado infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo, y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Riber. Una infiltración que se habría hecho a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con el fin de "influir en la resolución administrativa mediante la que se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, pese a que incumplía los requisitos que se exigen legalmente", e incumplió legalmente. Los agentes señalan a Aldama y Rivas como presuntos jefes de la trama, quienes "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".

La trama habría formado "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector". "De forma paralela, esta organización criminal disponía de otra estructura conformada por [sociedades] mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas", según expone el informe.

La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando "el entorno de la presunta organización criminal" habría pedido a Aldama que "activara su red de contactos" e intercediera ante el Ministerio de Transportes para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora. Además, sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir sobre el empresario, el ex ministro Ábalos y su ex asesor Koldo García.