Armengol en el juicio de las mascarillas: "Nunca recibí órdenes ni presiones para hacer un contrato"
La presidenta declara como testigo en la primera sesión del juicio en el Tribunal Supremo
PalmaFrancina Armengol se ha desvinculado completamente de la compra de mascarillas que el Gobierno firmó con la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el marco del Caso Ábalos. En una declaración por escrito dirigida al Tribunal Supremo (TS), la presidenta del Congreso y exjefa del Ejecutivo balear ha dicho que nunca gestionó los contratos ni dio ninguna instrucción al respecto. También ha negado haber recibido ninguna directriz por parte de los supuestos cabecillas de la trama corrupta: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. "Nunca recibí órdenes ni presiones para hacer un contrato", ha expuesto.
La Fiscalía Anticorrupción expuso en su acusación que los tres habrían utilizado su "valiosa influencia" y contactos para favorecer sus intereses vía contratos con la administración pública. Este mismo martes, en la primera sesión del juicio en el TS, se ha leído la declaración de Armengol, y también la del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por los contratos que firmó el gobierno canario.
En el caso del contrato que se firmó en las Islas, se trata de una compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros. A pesar de que dos meses antes el Servicio de Salud de las Islas (IB-Salut) había recibido un análisis interno desfavorable con el producto, el organismo emitió un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas. Tres años después, con posterioridad a las elecciones autonómicas, el Gobierno saliente presentó una reclamación a la empresa adjudicataria.
Como ya explicó en las comparecencias que ha hecho en el Congreso, en el Senado y en el Parlament balear, Armengol ha hecho hincapié en la situación de emergencia sanitaria que había cuando se firmó el contrato bajo investigación (en 2020, en plena pandemia por el covid). "Yo desconocía la tramitación de cualquier expediente, la presidencia del Gobierno no hace contrataciones ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratar", ha asegurado, además de insistir en que era el IB-Salut quien gestionaba la adquisición de material sanitario, "con criterios técnicos".
En aquel momento, ha apuntado, "el mercado ordinario y los canales de compra habituales habían desaparecido, la producción de aquel material sanitario era notoriamente insuficiente y se debía adquirir necesariamente a través de contrataciones de emergencia, compitiendo a escala mundial con todos los países y regiones". Además, las Islas, por su condición insular, presentaban dificultades adicionales de suministro. "La última semana de abril de 2020 solo habíamos recibido 7.000 mascarillas de tipo FFP2 del Ministerio de Sanidad, cuando gastábamos más de 100.000 por semana", ha dicho a modo de ejemplo.
Por este motivo, ha continuado, "se trasladó a los miembros del Gobierno que cualquier contacto u oferta se derivara inmediatamente a los servicios de Salud". En este contexto, García, en calidad de asesor de Ábalos, contactó con la administración balear. Aunque en el sumario se reproducen intercambios de mensajes de WhatsApp entre ella y García, la presidenta ha negado recordarlos ni tener constancia de ellos. "A consecuencia de las publicaciones del sumario en los medios, supe que me envió algún mensaje de WhatsApp", ha dicho: "Lo que puedo decir es que en cualquier caso lo habría remitido inmediatamente al órgano responsable de contratación".
"Nunca he hablado con García ni con ninguna otra persona" sobre los contratos, ha defendido. "Las únicas comunicaciones con Ábalos fueron referidas al cierre de puertos y aeropuertos, y nunca participé en ninguna conversación con Aldama sobre la contratación objeto de investigación ni ninguna otra", ha refrendado: "Como presidenta nunca he contactado con ninguna empresa para hablar de contrataciones públicas".
Torres defiende el contrato con "rigor"
Por su parte, Torres ha repasado en su escrito los pedidos de mascarillas que hizo el servicio canario de Salud a Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la trama: cinco millones por un importe de 12,3 millones de euros. Según ha explicado, conoció los expedientes de contratación cuando García contactó con él para expresarle "su preocupación por la falta de respuesta e incumplimiento de condiciones contractuales" del gobierno canario con Soluciones de Gestión.
"Al verificar que existían compromisos pendientes de cumplimiento entre el servicio canario de la Salud y la mercantil Soluciones de Gestión, hice un seguimiento de estos expedientes para tener la tranquilidad de que se le daba la respuesta administrativa correcta", ha argumentado. Con todo, ha insistido en que el procedimiento se llevó a cabo con "rigor".