El año político arranca sin novedades: con el Govern pendiente de Vox
El inicio de la actividad parlamentaria da el suso a meses clave para la vivienda, la saturación y las leyes más ideológicas condicionadas por la relación con la extrema derecha
PalmaEl año político arranca el martes en el Parlament con una sensación de déjà-vu. El Govern dejó deberes importantes pendientes en el 2025, pero se encuentra en la misma situación desde que Marga Prohens llegó al poder en el 2023: Vox volverá a ser la clave imprescindible para sacar adelante cualquier decisión relevante. El PP ha empezado el año con el mismo argumentario que activó al día siguiente de las elecciones: gobierna en minoría y está dispuesto a llegar a acuerdos con todos los partidos. Pero el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, ha dejado ya claro que el socio natural para pactar iniciativas es la extrema derecha. Y tras el torcebrazo con la Ley de memoria democrática –había que derogar, después no, y finalmente, sí–, la izquierda no está en disposición de hacer de muleta a ninguna medida del Gobierno popular.
Por su parte, Vox seguirá atacando en dos frentes principales, migración y lengua, a los que se suma la vivienda, con la liberalización de suelo como gran apuesta. "Vamos a seguir siendo duros con los temas que el PP no cumple", aseguró la portavoz de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas, tras la primera reunión del año de la Junta de Portavoces del Parlament. Cañadas recordó que el Gobierno no pudo aprobar los presupuestos porque Vox retiró el apoyo y acusó a los populares de incumplir los pactos para investir a Prohens. "Ustedes no son de fiar, nos han engañado en varias ocasiones", proclamó la portavoz de Vox el 2 de diciembre, el día que el Parlamento tumbó el techo de gasto del Ejecutivo.
"En cuestiones sobre memoria y lengua, nuestro voto será el que teníamos acordado", dejó claro el portavoz del PP, Sebastià Sagreras. De esta forma, la Ley de memoria democrática tiene las horas contadas. Habrá que ver cómo afrontan los populares las exigencias de Vox para arrinconar (aún más) al catalán en la escuela –el PP no permitió que saliera adelante la modificación de la Ley de educación de Vox.
Vivienda: una emergencia sin fin
Las medidas del Gobierno en materia de vivienda no han funcionado hasta ahora: sólo unos sesenta pisos se han incorporado al programa Alquiler Seguro; el cambio de usos de locales y el incremento de alturas de los edificios no han dado los frutos esperados; y la construcción de vivienda pública está detenida. Si la liberalización de suelo que ha puesto en marcha el Ejecutivo no funciona, el 2026 acabará tal y como empezó: con un número desmedido de familias en situación precaria. Una comparación sirve para ilustrar la situación: en junio de 2023, había 4.638 personas en la lista de espera del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), mientras que en octubre de 2025 ya eran 9.296 personas. El doble en poco más de dos años y sin ninguna apuesta por la vivienda pública en el horizonte.
Uno de los ámbitos que más afecta a la vivienda es el turismo. El caso es que el Gobierno no tiene la competencia de ordenación turística, pero sí le salpica la falta de contundencia del Consell de Mallorca en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, que impacta por completo en la falta de pisos de alquiler y en el alza constante de los precios.
Tampoco se ve la luz al final del túnel de la saturación. Dos noticias contrapuestas del 21 de enero resultan explicativas: mientras que el Gobierno se felicitaba en Fitur por el cambio de tendencia y la desestacionalización que, sin ninguna medida efectiva, dice que se está logrando, también anunciaba que el año pasado Baleares recibió a 19 millones de turistas –Prohens hablaba de un turismo "excesivo"7 en 202 anterior. Pese a las buenas intenciones, el Ejecutivo tendrá muy complicado subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) este año, porque su socio natural no está dispuesto a pasar por ahí.
En cuanto a la izquierda, tendrá que trabajar para no perder del todo su capacidad de incidencia con un Gobierno que apuesta por mantener el apoyo de Vox por encima de todo –la derogación de la Ley de memoria es una muestra de ello. De hecho, ni el PSIB ni MÁS por Mallorca –ambos partidos progresistas con grupo propio– han sabido capitalizar un malestar social que fue fuerte al comienzo de la legislatura, pero que ahora está diluido. En estos momentos, la desconexión entre la calle y la actividad parlamentaria es total.
Los partidos progresistas también tendrán que gestionar y consolidar sus liderazgos internos, porque este es el último año completo antes de las elecciones autonómicas. Si la polarización política ha sido una de las tónicas de la legislatura, la cuenta atrás la intensificará y las formaciones tendrán que rearmarse ideológicamente.