Tres de jueces y patrimonio cultural

Una. Corría el año 2014 cuando los Amigos del Camino de Kane empezaron a advertir públicamente que el puente que cruzaba el torrente de Algendar en el término de Binimoti, construido durante la dominación británica en el siglo XVIII, amenazaba ruina. Tres años más tarde subieron el tono de la alerta: el puente no dejaba de deteriorarse, y en cualquier momento se podía derrumbar. El Ayuntamiento de Ferreries y el Consejo insular de Menorca se interesaron, y los técnicos de patrimonio histórico del Consejo, acompañados de la Guardia Civil, intentaron acceder a él para comprobar el estado del puente y hacer una propuesta de actuación. La propiedad de Binimoti les cerró el paso: aquí es propiedad privada, ustedes no pueden pasar. Pero no estaba nada claro que el camino fuera propiedad privada. De hecho, había un contencioso en marcha para determinar si era privado o público –es decir, patrimonio de todos. El Servicio de Patrimonio Histórico pidió permiso al juzgado para poder inspeccionar el puente, pero el juez prohibió al Consejo el acceso a aquel tramo del camino de Kane hasta que el contencioso determinara su titularidad. El Consejo alegó, advirtiendo que en cualquier momento se podía perder para siempre un bien del patrimonio histórico y que era imprescindible apuntalarlo. Pero nada, el juez se ratificó en el veto, y además obligó al Consejo a pagar las costas judiciales de la parte contraria. Pocos meses después de este auto, como era previsible el puente de Binimoti se derrumbó. Todo el mundo, excepto el juez, lo lamentó. El juez se equivocó, porque no quiero pensar que un juez pueda defender conscientemente el interés de un privado en detrimento del interés público. El año 2023, otro juez confirmó que el tramo del camino de Kane a su paso por Binimoti es de titularidad pública. Pero el puente ya no está.

Dos. En septiembre de 2023, cuando la Unesco inscribió la Menorca Talayótica en la lista de Patrimonio Mundial, señaló que el Consell debía derribar el puente de hormigón a medio construir en la carretera general frente a Rafal Rubí, debido al impacto paisajístico de esta infraestructura sobre el entorno de las navetas funerarias de este lugar. Pero el nuevo gobierno del Consell surgido de las elecciones de mayo de 2023, el mismo que fue a Riad a celebrar y recoger este reconocimiento, tiró por la calle de en medio y continuó con la construcción del puente. En noviembre de 2025 la Unesco emitió un durísimo informe reprobatorio de las actuaciones del Consell, pero el gobierno insular hizo oídos sordos. Las obras han continuado, y hoy ya están casi acabadas. La desfiguración del entorno de las navetas es definitiva e inapelable. El mal ya está hecho. Y ante la fechoría, ningún fiscal ni ningún juez han tenido ni siquiera la ocurrencia de abrir diligencias por si se podría haber lesionado la integridad del patrimonio histórico, que es el patrimonio de todos. Ni una palabra, ni una petición de información. La justicia no puede alegar ignorancia. El tema del puente de Rafal Rubí ha salido en todos los medios de comunicación. Por omisión, han ignorado las directrices explícitas de la Unesco, han avalado las actuaciones de una administración que compromete la declaración de Patrimonio Mundial, y de rebote han favorecido un negocio particular: el agroturismo vecino, mira por dónde, es el gran beneficiario de tener una entrada directa a pie de carretera.

Tres. El día 1 de julio de 2025 el Ayuntamiento de Ciudadela dio un paso decidido hacia la recuperación de la plaza del Born para la ciudadanía, cumpliendo con un compromiso electoral de los partidos que forman el gobierno municipal: eliminar los aparcamientos y convertir la plaza en una zona de paseo. Pero esta medida, que ha dado vida al Born y ha sido aplaudida en toda Menorca, ha durado poco más de un año. Un grupo de empresarios de la zona llevó el caso a los tribunales alegando que la retirada de los vehículos perjudicaba sus negocios. En junio de 2026 la Justicia falló a favor de los empresarios. El Ayuntamiento recurrió, pero los juzgados han obligado al Ayuntamiento a aplicar la resolución inmediatamente. El día 21 de septiembre los coches volvieron a la plaza. Los jueces han considerado tranquilamente que restituir el tráfico no causa ningún perjuicio al interés público. Han fallado a favor de los intereses privados que hacen negocio sobre un espacio público, y en contra del disfrute compartido de esta plaza por parte de toda la ciudadanía. Estamos hablando de uno de los espacios monumentales y patrimoniales más relevantes y significativos de Menorca. Los coches y los negocios son cosa de hoy en día, y son de gente particular. La plaza y el patrimonio histórico que contiene son patrimonio de todos. Los menorquines no hemos heredado de nuestros antepasados ni los coches, ni las terrazas de los bares, ni las tiendas de souvenirs, ni las oficinas bancarias, ni ninguno de los otros negocios que hay en la plaza. Hemos heredado una plaza pública que testimonia algunos de los momentos más importantes de nuestra historia remota y reciente. Pero se ve que esto cuenta poco o nada ante los ojos ciegos de la Justicia.

Quizás sería hora de que la Judicatura cambiara su símbolo tradicional: en lugar de sostener una balanza, la Justicia podría aguantar una señal de párking, o un letrero de propiedad privada. Al menos viviríamos más de acuerdo con la dura realidad y no nos haríamos tantas ilusiones. Cuando la justicia, por acción o por omisión, decide que el bien común no es más que un obstáculo molesto para los negocios de cualquier particular, cuesta mucho creer en la imparcialidad, la ecuanimidad o simplemente la buena fe.