Proletarios
Es muy normal que la juventud esté muy enfadada por culpa del problema de la vivienda. Si algo marca el paso hacia la edad adulta es la posibilidad de independizarse, de huir de casa de los padres y poder hacer ya por fin una vida propia. Cuando esta posibilidad se frustra solo puede hacer crecer el desencanto, incluso la rabia, como se está viendo estos días en muchas capitales con las acampadas para protestar tanto contra la especulación como por los desahucios a personas vulnerables.
Con la vivienda no se ha conseguido lo mismo que con otros bienes o servicios, sacarla del mercado y la especulación para hacer de ella realmente un derecho constitucional exigible, más allá de aquella retórica que obliga a los poderes públicos a ponerse a ello. En España, la construcción ha sido siempre uno de los pilares de la economía, sobre todo por culpa del franquismo, que basó buena parte del modelo en el impulso a la construcción, sobre todo para proporcionar vivienda en la capital a las masas campesinas que habían huido de las provincias. Masas formadas por aquella mano de obra poco cualificada que abundaba por todas partes, y que en algo tenía que encontrar trabajo.
El sistema, además, incentivaba los créditos, los beneficios fiscales, el suelo se ponía a disposición del crecimiento: la decisión de convertir un terreno en edificable generaba enormes plusvalías privadas (de las cuales han continuado viviendo ciertas familias durante ya tres o cuatro generaciones). La administración urbaniza y cambia la ley, pero es el terreno privado el que multiplica su valor. La piratería del terreno ha sido uno de los fundamentos de la economía de este país, y de ahí derivan ahora muchos de los males que nos asolan.
El modelo democrático de vivienda ha continuado con la política franquista de hacer un país de propietarios que hacen suyo el privilegio de la acumulación patrimonial. Había ‘propietarios’, en España, no ‘proletarios’, como dijo un ministro de Franco, siempre tratando de desactivar cualquier pizca de tentación comunista. A menudo lo que ha hecho la gente conservadora ha sido atizar este miedo a perder la propiedad.
En muchos países la vivienda pública vuelve a ser pública pasados unos años de aprovechamiento privado. Aquí esto no se había hecho nunca; de hecho, las casas se han convertido en grandes huchas familiares: el tesoro que un día u otro se podía recibir. El problema es ahora mismo perpetuar esta falsa solución y volver a construir pública o privadamente para que toda otra generación pueda acceder a la propiedad. Habría que hacer vivienda pública y alquileres sociales, pero quien más quien menos se ha acostumbrado a la mentalidad franquista, y quiere tener un piso en propiedad, cosa tentadora si la hipoteca y el alquiler (social o no) son más o menos de la misma cuantía. Cualquier política que abarate radicalmente la vivienda entra en contradicción con los intereses patrimoniales de los que ya tienen. Este círculo vicioso parece difícil de romper.
La crisis de 2008 lo detuvo todo y los jóvenes ya no se han podido convertir en nuevos propietarios, y ahora sí que son proletarios, hijos y nietos de un sistema de propiedad que hizo ricos a los viejos para que ahora los jóvenes duerman en las plazas.