No han desactivado un movimiento, lo han hecho más fuerte
Hay una imagen que resume mejor que ninguna otra lo que pasó el domingo: una manifestación multitudinaria y profundamente cívica que acaba con personas heridas por una actuación policial violenta. La pregunta es inevitable: ¿quién tenía interés en que el relato dejara de ser la masificación turística y pasara a ser el orden público?
La responsabilidad política de la violencia policial tiene nombre: Alfonso Rodríguez (PSOE). El delegado del gobierno español era quien debía velar para que una movilización pacífica pudiera desarrollarse con normalidad. Cuando tienes este cargo y te enfrentas a una manifestación así, debes dejar claro al operativo que no debe haber incidentes. Desentenderse ahora de lo sucedido es asumir que los funcionarios de seguridad no están bajo control democrático. Sorprende ver a cargos del partido de Rodríguez denunciando la situación como si la cosa no fuera con ellos. Todavía hay quienes piensan que esto del domingo era la clásica -y en peligro de extinción- manifestación contra el PP.
Lo más interesante, sin embargo, es lo que revela la actuación policial (y del Estado, claro). Hace solo unos años, una manifestación contra la masificación turística habría sido percibida como una protesta sectorial. Hoy ya no. Hoy pone en cuestión el principal modelo económico y social de las Islas y, por extensión, una de las ubres más importantes que sostiene España. Cuando esto pasa, la respuesta institucional deja de ser solo una cuestión de seguridad. También es una cuestión de poder.
En muchas movilizaciones, los problemas aparecen cuando hay determinadas actitudes policiales. Los días previos ya habían estado marcados por las detenciones de activistas poco después de la publicación del conocido "manual de acción contra la turistificación". Y durante la manifestación hubo movimientos del operativo difíciles de entender y la presencia de individuos provocadores que aparecen en momentos diferentes. Todo ello hace pensar en la posibilidad de una conjura destinada a desvirtuar la protesta.
En otro orden de cosas, toca felicitar a la gente que ha hecho posible una manifestación histórica. Organizar una movilización de esta magnitud no es una tarea sencilla. Dicho esto, también es cierto que el domingo se pudieron apreciar algunas carencias logísticas y organizativas, comprensibles en una convocatoria tan multitudinaria pero que conviene analizar de cara al futuro. Si este movimiento continúa creciendo, también deberán hacerlo su estructura, la coordinación y la implicación de las grandes entidades del país. Cuidarnos y protegernos colectivamente es imprescindible.
En línea con esto, me preocupa otra cuestión: la falta de transmisión generacional en la cultura antirrepresiva. La violencia institucional no es una novedad. No hay que ir muy lejos: los años de los gobiernos de Bauzá y Rajoy dejaron más de trescientas personas procesadas en las Islas por su participación en movilizaciones sociales. Hasta entonces, había toda una tradición de resistencia democrática que aprendió, a menudo a un precio muy alto, cómo responder a la represión sin renunciar a los derechos. Esta memoria también se debe transmitir.
A pesar de todo, el Estado (que sustenta el modelo turístico de masas en las Islas) perdió la batalla más importante. Decenas de miles de personas salieron a la calle porque han llegado a la conclusión de que Mallorca ha traspasado un límite. Para decir, sencillamente, que queremos vivir tranquilos en nuestra casa. Estas ideas no desaparecerán ni con detenciones ni con cargas policiales. Hay un conflicto político de fondo. Si pretendían sembrar miedo para obviarlo, han hecho un mal cálculo. Porque cuando tocan a nuestra gente y nuestra tierra, Mallorca no se acobarda: se moviliza. El domingo no desactivaron un movimiento; probablemente lo hicieron más fuerte. Y eso, precisamente eso, es lo que teme el estado. De hecho, posiblemente han abierto una ventana de oportunidad que implicará volver a movilizarse masivamente en los próximos días o semanas.