Expolio neoliberal
Acoger a turistas hasta la extenuación y hacer negocio, especular y vender el patrimonio natural, cultural, tangible, intangible, inmueble, material, común… lo que sea, y al coste social y ecológico que sea.
Cualquiera diría que nuestros gobernantes han entrado en las instituciones talmente unos saqueadores de los bienes comunes y públicos, no por ellos (como tantos otros ladrones predecesores que prevaricaban y cobraban comisiones en episodios de corrupción política que han marcado la historia de esta más pequeña tierra): sino de una o más: desarticular, según el caso– las leyes necesarias para hacerlo posible, para hacerlo legal, para que no sea delito, para que no parezca un robo. Pero lo es. Las políticas del Gobierno Prohens no tienen precedentes en la historia de nuestra comunidad autónoma (o se convierten en tímidos precedentes al establecer la comparativa), tanto por materialización de las políticas neoliberales más descaradas, como por la multitud de frentes que se han atrevido a tocar para desmontar (leyes, marcos normativos de planificación, absoluciones); también por la aceleración con la que lo hacen; y por la magnitud de la derrota regulatoria que ha costado años levantar y que volverá a costar otros tantos años. Y quizás no sólo años sino dinero, porque querer revertir algunas de las operaciones más perversas de consolidación de derechos urbanísticos y patrimoniales que se derivan de la aplicación de los decretos ley Prohens no nos saldrá gratis a la ciudadanía. Todos, o casi, se han impuesto a decretazos leyes. Decretos ley que de forma cínica y perversa se han escudado en la problemática social de la vivienda (y no me cansaré de repetirlo porque me parece significativo y muy ilustrativo del talante discursivo y político de quien nos gobierna) o la simplificación administrativa, que utilizan como justificación para cargarse garantías sociales y ambientales. De éste modus operandi, son excepción el anteproyecto de ley agraria y la propuesta de ley de puertos, al menos de las que tengamos conocimiento hasta ahora. Querían impulsar, decían, una nueva ley de urbanismo, pero para quién y para qué si sin embargo en cuanto a la ordenación territorial y urbanística han hecho saltar los marcos normativos por los aires a golpes de bombas de nuevos crecimientos, reclasificaciones y amnistías.
De esas que no se han hecho por decreto ley, sin embargo, lo único que difiere es la forma de tramitarlas. Al parecer, para justificar el anteproyecto de ley agraria ya no les servía la excusa de la vivienda. Debieron encontrar que ya cantaba demasiado y no han encontrado otro motivo de urgencia (¡cuando desde el punto de vista ecológico sería la urgencia máxima y prioritaria!). Así que tranquilamente han ido redactando el texto, pero no con lo que esperábamos ni los campesinos ni los ecologistas, sino con la misma filosofía que las normas que le han precedido: cargarse las garantías ambientales, enfocar el suelo supuestamente agrario al negocio inmobiliario, energético y turístico y sacar rendimiento económico a los solares. Así tenemos la ley agraria menos agraria de la historia de las Islas Baleares (y eso que Company ya lo había intentado). Una ley que con la sigla de AC (Actividades Complementarias) va planificando pasa a pasa la sustitución de la actividad agraria por la inmobiliaria, turística o energética, con un mensaje claro: producir alimentos, soberanía alimentaria y económica y resiliencia futura, no sale a cuenta a quien tiene la propiedad de las tierras fértiles de las Islas, por tanto, ya se arreglarán.
Lo que están haciendo es efectivamente robarnos la posibilidad de revertir la economía (im)productiva que es la que, para venderlo todo y/o mercantilizarlo todo turísticamente, nos expulsa, vacía el alma del territorio, y lo llena de grandes y pequeños gobiernos o de piratas los bolsillos. Porque hay mucha gente que ahora mismo, mientras muchos nos ponemos las manos en la cabeza ante la derrota, están ganando mucho pero mucho dinero, sólo con las posibilidades de que abran las leyes de vivienda, de proyectos residenciales estratégicas, de simplificación administrativa, agraria, de puertos… y todavía nos quedan casi dos años de legislatura.
Conviene empezar a abrir los ojos y entender bien que no son políticas para la gente, que no piensan realmente resolver el problema de la vivienda, ni tener soberanía energética, ni alimentaria, ni un territorio resiliente, capaz de enfrentar danas o lo que sea por venir. Nos quieren cada vez más precarizados, desprotegidos, desposeídos y desarticulados para poder ir haciendo y después ahuyentarnos los odios racistas de sus socios de gobierno para acabar de deshacer la sociedad. Unos socios que les van de perlas para justificar las chorradas que quizás solos, no se habrían atrevido ni a hacer ni a decir. Conviene ser conscientes de que nos están saqueando el territorio y las posibilidades de seguir viviendo en él y levantarnos ya aunque sea por dignidad.