La cuota separatista negativa para las Islas Baleares
No es solidario. No es justo. No es generalizable. Y, sobre todo, no tiene en cuenta las necesidades de los ciudadanos de las Islas Baleares. El gobierno de España y la Generalidad de Cataluña han firmado un acuerdo que no es más que la cuota separatista, la cesión de la gestión de todos los tributos. Lo han hecho de forma bilateral, excluyendo y despreciando al resto de comunidades autónomas. Es un acuerdo que vemos con extrema preocupación, y al que nos oponemos frontalmente por varias razones.
Primero, en la actualidad hay tres comunidades que somos aportadoras limpias al sistema de financiación autonómica, es decir, que aportamos más de lo que recibimos (la comunidad de Madrid, las Islas Baleares y Cataluña, por este orden). La salida de Catalunya, con la cuota, es la ruptura de la caja común, que evidentemente nos perjudicaría. Haciendo estimaciones prudentes, supondría una pérdida de más de 50 millones en ingresos para las Islas Baleares, y nos obligaría a aportar aún más.
Segundo, abriendo la puerta a la cuota, entramos en un modelo de financiación desconocido que ningún país federal aplica. Si el gobierno estatal –el gobierno de España– cede todas las bases tributarias a los gobiernos subcentrales –las comunidades autónomas–, pierde su capacidad de financiación. ¿Qué consecuencias tendría esto en el endeudamiento del gobierno de España, y por tanto de los ciudadanos? ¿Y cómo se pagarían las pensiones con ese sistema absolutamente insostenible?
Tercero, el acuerdo dice literalmente que quiere introducir "mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja". Por decirlo en otras palabras, Pedro Sánchez ha aceptado que Catalunya tenga la máxima autonomía tributaria –la máxima gestión de sus impuestos– y al mismo tiempo reducir la de las demás comunidades. Quiere armonizar los impuestos, es decir, subirlos, recuperar tributos como el impuesto sobre sucesiones y, en definitiva, deshacer lo que los ciudadanos votaron el 28 de mayo de 2023. Quieren ganar por la vía de la imposición lo que no ganaron en las urnas. Se puede estar o no de acuerdo con bajar los impuestos, pero de ninguna manera se puede estar de acuerdo con atacar la capacidad de las Illes Balears de bajarlos. Porque esto no es federalismo, sino la máxima expresión del centralismo jacobino y un ataque a la autonomía de nuestras islas.
Y cuarto, negociar el nuevo sistema de financiación autonómica comunidad a comunidad es un precedente nefasto. ¿Por qué empezar con Cataluña y no con otra comunidad? ¿Qué confianza puede tener el Gobierno de las Islas Baleares en una hipotética reunión bilateral con un Pedro Sánchez que ignora los convenios de carreteras y ferroviario, que niega la crisis migratoria que sufrimos o abandona la gestión del servicio de extranjería o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Lo que nos afecta a todas las comunidades, el gobierno de España debe negociarlo con todas, al mismo tiempo, de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, una opción que hasta ahora ha evitado a pesar de nuestras exigencias. Así y sólo así. Y es donde defenderemos lo que siempre hemos pedido: hay que respetar el principio de ordinalidad, si somos los segundos a aportar, debemos ser el segundo a recibir; un mayor peso de la insularidad y todo lo que conlleva; la atención a la realidad de la España que se llena, el crecimiento poblacional y nuestra población flotante, y cómo afecta al funcionamiento de los servicios públicos, y blindar y aumentar nuestra autonomía tributaria. Porque estamos aquí para defender los intereses de las Islas Baleares.