Categorías de ilegales: con y sin chalet
La crónica de Maria Llull preparando la rentrée del Parlament hace un repaso imprescindible de la situación política. Y deja caer una idea inevitable. Dos años después del mayor intento realizado por un Govern balear, hay que decirlo claro, para resolver el problema de la vivienda, los resultados son normativamente abundantes, pero cuantitativamente escasos. No es sencillo. Mientras la clase media y alta europea (millones de personas) puedan acumular propiedades impunemente, el mercado ejercerá su reinado de forma inmisericorde. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el polígono de Levante, que debía ser un espacio de convivencia social y cultural con toda casta de perfiles, y ha acabado siendo un conjunto de pisos de alto standing imposibles de adquirir por los locales.
Se han aprobado leyes, decretos ley, regulaciones, normas de toda clase; se han proyectado más viviendas públicas, pero dos años son muy poco tiempo para cambiar dinámicas tan complejas. Y la situación es prácticamente la misma. No sabemos si la izquierda tendrá capacidad de aprovechar esa desesperación ciudadana sin remedio, porque el problema es enorme.
Ahora bien, existe un sector al que, con el pretexto de simplificar la administración para hacerla más ágil y tramitar más bien los pisos que siguen sin llegar, le ha ido muy bien. Los infractores en rústico. Todos los que tienen una construcción, algunas, incluso, chaletarros, han corrido a legalizar lo que un día hicieron sin permiso. Al PP y Vox no les gusta nada la legalización de personas irregulares que vienen, curiosamente, a poner paladas de cemento por Calvià o Andratx. Pero a los del chalet ilegal, estera roja. Incluso a quienes lo hicieron sobre una zona con riesgo de incendio.