¿Por qué las cargas policiales benefician al Gobierno de Prohens?
PalmaLas manifestaciones no solo se disputan en la calle. También se disputan el día después, cuando se impone un relato mediático y político sobre lo que ocurrió. Y, tras las cargas policiales del 26-J, el relato de la saturación turística se ha visto arrinconado en los medios por otro debate mucho más cómodo para el Govern de Marga Prohens. Es importante no descentrar el foco, porque la presidenta es una de las responsables principales de dar respuesta a los problemas que el modelo turístico genera en la vida cotidiana de los ciudadanos de las Baleares. El día después de una de las protestas más multitudinarias que se han visto nunca en las Islas, Prohens no se ha visto en la necesidad de afrontar la situación, ni de dar explicaciones sobre la falta de gestión, ni de enfrentarse a sus promesas incumplidas. La presidenta ha hablado de las cargas, ha exigido explicaciones al delegado del gobierno español, Alfonso Rodríguez, y ha remarcado que respeta el derecho de manifestación, como si eso no se diera por supuesto.
Esta situación es fruto de factores diversos. Por un lado, la situación del activismo en las Islas no es propicia para una organización conjunta, que permita aprovechar la dilatada experiencia de entidades como el GOB y el ímpetu joven de nuevas plataformas, como Menys Turisme, Més Vida. Es momento de resolver las discrepancias, dejar de lado los personalismos y encontrar puntos en común que permitan una acción colectiva. Una problemática tan transversal como los efectos perversos del modelo económico turístico de las Islas lo merece, por respeto a una ciudadanía que necesita expresar el malestar más allá de disputas cainitas. No se puede obviar que hubo una falta de planificación que tuviera en cuenta los riesgos que implica reunir decenas de miles de personas.
Por otro lado, hay que poner sobre la mesa que los argumentos de la Policía pecan de infantilismo. El deber de los cuerpos de seguridad es mantener la calma y afrontar situaciones de cierta tensión sin tener que agredir a ciudadanos que ejercen el derecho de protesta. Mientras tanto, Alfonso Rodríguez ha eludido su responsabilidad política y se ha limitado a hacer ver que todo esto no tiene que ver con él, en un ejercicio dialéctico que tiene más de política partidista que institucional. Claro, la papeleta del PSIB no es nada sencilla: los socialistas tienen las competencias estatales de turismo y seguridad, y a la vez intentan hacer ver que luchan contra un sistema del cual forman parte.
El Gobierno no habría imaginado esta situación un día antes de la protesta. Pero, si tiene un mínimo de preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, debería dejar el comodín de los altercados, reconocer que la palabra dada no se ha transformado en hechos y actuar en consecuencia. Es razonable que buena parte de la sociedad dude que esto vaya a pasar nunca, porque, después de tres años de legislatura, todavía se han de poner cámaras para contar bañistas en las playas y coches en las carreteras, el Pacto por la sostenibilidad se ha transformado en una especie de ser mitológico y la política turística del PP es como aquella serie que se llamaba Cuéntame: un recuerdo constante del pasado reciente de las Islas con el Pacto en el Consolat de Mar.
La única que no ha fallado en esta historia tan compleja ha sido la ciudadanía, que reclama soluciones hasta el agotamiento y que ahora no solo ha de sufrir las agresiones policiales, sino que también ha de contemplar cómo la pelea política merma la dimensión de sus peticiones. Cada una de las personas que recorrió Palma el 26-J y también las que no salieron, pero que sienten que las Islas son cada vez menos su hogar, merecen respeto.