Ultimátum del Ayuntamiento a los residentes de la antigua cárcel: cinco días para abandonarla sin alternativa de vivienda
El Ayuntamiento desestima 45 alegaciones y avisa que recurrirá a los juzgados si los residentes no abandonan el edificio voluntariamente
PalmaEl Ayuntamiento de Palma ha dado cinco días a los residentes de la antigua cárcel para que abandonen voluntariamente el edificio antes de recurrir a la vía judicial para forzar su salida.
Según ha informado el portavoz adjunto del Consistorio y regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, la Junta de gobierno ha acordado notificar este plazo después de desestimar 45 alegaciones presentadas contra el desalojo. En este sentido, Bauzá ha explicado que “ya se ha dado respuesta” a los requerimientos de los residentes, que tendrán hasta el próximo lunes para dejar el inmueble por su cuenta.
En caso de que no lo hagan, el Ayuntamiento acudirá a los juzgados para ejecutar la salida de manera forzosa. Aun así, el portavoz ha admitido que, si el proceso se tiene que resolver judicialmente, no hay un plazo estimado. “Son las vías judiciales las que lo han de determinar”, ha concluido.
Sin alternativas de vivienda
Este nuevo paso llega después de que, a mediados de marzo, el Ayuntamiento asegurase que ninguno de los residentes había abandonado el edificio de forma voluntaria. En aquel momento, la cifra de personas notificadas se situaba alrededor de 170, y el Consistorio reconocía que no tenía alternativas de vivienda para los afectados, a pesar de mantener contactos con entidades y administraciones.
Paralelamente al proceso administrativo, la situación en el interior del recinto ha continuado marcada por incidentes puntuales. En las últimas semanas se han registrado episodios como un pequeño incendio, sofocado por los Bomberos de Palma, y una pelea entre residentes en la que intervino la Policía Local. El Ayuntamiento también ha advertido del riesgo que supone la permanencia de personas en un espacio con condiciones precarias.
El caso ha generado también reacciones políticas y sociales. La concejala de Podemos en Cort, Lucía Muñoz, criticó el desalojo y acusó a las instituciones de “criminalizar la pobreza”. Además, reclamó que no se deje a los residentes “en la calle sin ninguna alternativa”. En la misma línea, diversas entidades han convocado movilizaciones para denunciar la manera como se lleva a cabo el proceso.
El equipo de gobierno, en cambio, ha defendido que la actuación responde a criterios de seguridad. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, hizo un llamamiento a no incentivar que los residentes se mantengan en el interior del edificio y ha calificado de "irresponsables" algunas de las protestas.
La antigua cárcel de Palma, cerrada en 1999, se ha convertido con los años en un asentamiento donde viven centenares de personas. La situación se ha vinculado a la crisis de vivienda y a la falta de alternativas residenciales, en un espacio que también ha sido objeto de protesta vecinal y de debate político en los últimos meses.