Más presión del PP y Vox contra los ocupas y los inmigrantes irregulares

PalmaMás mano dura contra los ocupas y los inmigrantes irregulares. El PP y Vox han vuelto a ponerse de acuerdo en estos temas para presentar enmiendas a la Ley de proyectos estratégicos. Así, han pactado dar forma definitiva a la Oficina antiempleo, un organismo ya presupuestado a instancias de Vox. Además, también introducirán en esta norma la exigencia de un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida para acceder a renta social garantizada, de forma que excluirán a los recién llegados e inmigrantes irregulares.

Así lo han explicado los portavoces de Vox y el PP en el Parlament, Manuela Cañadas y Sebastià Sagreras, respectivamente. Estos acuerdos deben facilitar la aprobación de la ley del PP. Sin embargo, ambas formaciones también han presentado enmiendas por separado, sin contar con el apoyo garantizado del otro partido. Así, Vox pidió que se permita el uso de pistolas Táser a los policías locales para reducir delincuentes violentos, así como que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de este cuerpo para militares de tropa y marinería que cumplan 45 años. También reclamó la creación de la categoría de Psicólogo General Sanitario en la Atención Primaria para reducir las listas de espera en salud mental, y registró una enmienda para que los topónimos de las Islas se escriban en castellano.

Por su parte, el PP ha presentado un paquete de rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda y la renovación de los contratos de alquiler. Aunque la extrema derecha no le ha garantizado su apoyo a estas propuestas, Sagreras ha dicho que sería "muy difícil de entender" que el partido de Santiago Abascal no apoyara.

La izquierda critica las medidas: "Después van a misa"

Tanto el PSIB como MÁS por Mallorca y Més por Menorca han rechazado las enmiendas pactadas entre el PP y Vox. "El PP cede en todas estas políticas del odio, la exclusión y la insolidaridad", ha dicho el menorquinista Josep Castells: "Eso sí, el domingo todos irán a misa". Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, consideró que la exigencia de tres años de residencia legal para acceder a ayudas sociales "castiga a los más débiles". "Les gusta despreciar y castigar a la gente que tiene más necesidades", lamentó.