El Plan estatal de vivienda añade presión a Prohens para limitar los precios del alquiler

PalmaEl Plan estatal de vivienda del gobierno español se ha convertido en un instrumento de presión a las comunidades gobernadas por el PP que se niegan a aplicar la Ley estatal de vivienda. El PSOE opta por un mayor intervencionismo del mercado de la vivienda y ha vinculado el paquete de ayudas a medidas para combatir los precios disparados de alquiler y compra de pisos. En función de la actuación de cada territorio, se distribuyen los fondos: las Islas Baleares recibirán 168 millones del paquete de 7.000 millones de euros previsto recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. El consejero de Vivienda, José Luis Mateo, ha acusado al gobierno español de querer "meterse" en las competencias autonómicas, ya que condiciona la recepción de fondos a la aplicación de políticas como el límite a los precios de los alquileres. El rechazo de los barones del PP al diseño de estas ayudas es unánime, aunque, por ahora, no han descartado acogerse a ellas.

Las Islas, que recibieron unos 45 millones de euros del anterior plan, ahora verán multiplicados los recursos. Con todo, ahora estos fondos están más condicionados a una serie de requisitos y no se distribuyen de manera igualitaria en todo el territorio. El reparto está sujeto a un compromiso de ejecución de las comunidades en tres ámbitos: construir viviendas nuevas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho de la ciudadanía a una vivienda por encima de la especulación.

Un plan "poco dialogado con las comunidades"

Un plan "poco dialogado con las comunidades"

El consejero de Vivienda también ha lamentado que el plan verá la luz "de manera muy poco dialogada con las comunidades". "Hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no sabremos cuál es su alcance definitivo", ha expuesto. En el mismo sentido, Mateo ha subrayado una desproporción en la financiación del plan, ya que las Islas aportarían casi 68 millones de los 168 previstos en el plan, el 40% del total. Así, mientras el Estado multiplica por tres su aportación respecto al último plan, las comunidades autónomas lo hacen por siete.