Afectados por los desempadronamientos en Palma: “Me han quitado el derecho a votar, ir al médico y casarme”

PalmaDiverses persones afectades pels desempadronaments han denunciat aquest dijous al ple de Palma que la seva situació els deixa sense accés a drets bàsics com la sanitat, el vot i el matrimoni, entre altres qüestions.

Ho han fet durant el torn d’intervencions ciutadanes, convidades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Mallorca, la portaveu de la qual, Àngela Pons, ha recriminat a l’equip de govern que estigui cometent una “il·legalitat”.

Uno de los afectados es Luis Gómez, un hombre de 53 años que reside en una caravana aparcada en Son Hugo y que lleva 16 años viviendo en Mallorca.

“Hace tres años me empadroné en la ciudad y, dos años más tarde, el Ayuntamiento me dio de baja en el padrón. No les pido una casa, sino que me dejen vivir con derechos, porque me han quitado el derecho a casarme, al voto y a ir al médico. Me veo tirado en la calle sin ningún derecho”, ha lamentado.

Ariadna, que también reside en una autocaravana en Palma, no ha sido dada de baja en el padrón, pero se ha encontrado con múltiples trabas para acceder al mismo.

“Hace dos años que intento empadronarme en Palma, donde vivo de manera efectiva y continuada, ya que trabajo aquí y mi hija está escolarizada en el municipio”, ha expuesto.

Según su relato, en las oficinas municipales no quisieron admitir su documentación, motivo por el cual inició los trámites de manera telemática, de momento sin éxito.

“No se me ha concedido el empadronamiento, pero tampoco se me ha denegado formalmente. Solo he recibido derivaciones constantes a otros organismos como la Cruz Roja y los servicios sociales”, ha incidido.

Su caso, ha asegurado, se ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, que en diversas ocasiones ha instado al Ayuntamiento de Palma a darle una solución.

“Estáis incumpliendo la ley y esto se tiene que arreglar. Estamos hartos de que los derechos que nos corresponden como ciudadanos se vulneren día a día”, ha concluido la portavoz de la PAH.

La polémica por los desempadronamientos llega al pleno

La polémica por los empadronamientos se remonta a unas semanas atrás, cuando el PSOE de Palma acusó a la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Roca, de pedir listados de personas en situación de emergencia social con la intención de empadronarlas.

Los socialistas aseguraron que Roca solicitó a la Cruz Roja el listado de cerca de 300 personas en situación de emergencia social para retirarlas del padrón y que, por tanto, mintió cuando dijo que era habitual que la entidad enviase estos listados.

“Lo vinculó a una tarea habitual de revisión del padrón, cuando en realidad nunca se había aplicado en el caso de personas en situación de emergencia social”, contraponeron los socialistas, basándose en información de la Cruz Roja, que confirmó este extremo.

Por su parte, el Ayuntamiento ha insistido en que la revisión de determinados empadronamientos de personas en situación de vulnerabilidad responde al cumplimiento de la normativa vigente y se lleva a cabo siguiendo criterios técnicos establecidos por los servicios municipales.

Sobre esta cuestión versaban dos de las mociones –una de Podemos y otra del PSOE– que se han debatido en el pleno de este jueves y que, a pesar de no prosperar, han servido para que los grupos municipales expusieran sus posiciones.

Fuera del sistema

La concejala de Podem, Lucía Muñoz, ha considerado que no se trata de una “simple revisión del padrón”, sino de una “retirada masiva de empadronamientos que está dejando a miles de personas fuera del sistema”.

“Señor alcalde, está convirtiendo la vulnerabilidad en un motivo de exclusión y le ha declarado la guerra a los pobres. Por eso le exigimos que paralice las bajas, que dé explicaciones y que asuma responsabilidades políticas por las mentiras de la concejala”, ha incidido.

El socialista Daniel Oliveira ha acusado al equipo de gobierno municipal de “estar jugando con el derecho a la sanidad, a la escolarización, a los servicios sociales y a la posibilidad de regularizar su situación administrativa”.

“Han convertido el empadronamiento en una herramienta de exclusión y persiguen de manera sistemática a los más vulnerables, que deberían encontrar en este Ayuntamiento una puerta abierta y no una trampa”, ha subrayado.

Miquel Àngel Contreras (MÉS per Palma) se ha preguntado cuál es la intencionalidad del equipo de gobierno al cerrar “la puerta de entrada a los derechos básicos” a cientos de personas.

La concejala de Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha defendido la versión del equipo de gobierno y ha argumentado que no se han hecho cambios en la normativa del padrón, más allá de establecer que las entidades sociales tengan que actualizar cada seis meses –antes era anualmente– el listado de personas que atienden y que continúan sin resolver la necesidad de empadronamiento de manera ordinaria.

“El equipo de gobierno está al lado de la ley que marcan ustedes desde Madrid”, ha espetado a los socialistas. Según la concejala, y como ya expuso el alcalde, Jaime Martínez, el gobierno estatal habría desempadronado a unas 50.000 personas en Palma. “Y ustedes son los de la dignidad y la vulnerabilidad”, ha añadido.

Sobre esta cuestión, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, se ha limitado a agradecer al equipo de gobierno “que cumpla la ley y haga su trabajo”.