El Consejo Escolar carga contra las exenciones de catalán para docentes y alumnos
El máximo órgano consultivo critica que la Ley ómnibus introduzca cambios que, según alerta, debilitan la normalización lingüística y contradicen el marco legal vigente
PalmaEl Consejo Escolar de las Illes Balears (CEIB) ha expresado el rechazo a las medidas relativas al conocimiento del catalán incluidas dentro de la Ley ómnibus, que considera un “ataque grave” al proceso de normalización lingüística. El órgano, encargado de analizar las normativas que inciden en el ámbito educativo, ha puesto especialmente el acento en dos disposiciones: la exención del requisito de catalán para el profesorado que acceda a la funcionariado en plazas de muy difícil cobertura y la posibilidad de que el alumnado que resida temporalmente en las Baleares no tenga que examinarse de esta materia.
En cuanto al primer punto, el CEIB señala en un comunicado que esta medida contradice la Ley de normalización lingüística y el Decreto de mínimos, que establecen la obligación de acreditar competencias lingüísticas para ejercer la docencia. Además, alerta de que la norma no concreta si esta exención afectaría solo al acceso provisional a determinadas plazas o también a la consolidación definitiva o la participación en concursos de traslado. Actualmente ya existen excepciones para interinos en puestos especialmente complicados de cubrir, pero el Consell considera que no deberían extenderse estas flexibilizaciones a funcionarios que se incorporen de manera estable a la administración educativa.
Sin plazos claros
En relación con la segunda medida, el organismo critica que la nueva redacción abre la puerta a exenciones sin establecer plazos claros, a diferencia de la normativa anterior, que limitaba esta posibilidad al alumnado con una estancia igual o inferior a tres años en el sistema educativo balear.
En conjunto, el CEIB sostiene que estas modificaciones suponen un retroceso “grave” en la protección de la lengua propia de las Islas y que entran en contradicción con el Estatuto de Autonomía, la Ley de normalización lingüística y la Ley educativa autonómica. Finalmente, también critica el procedimiento seguido para introducir estos cambios, ya que considera que no se han tenido en cuenta entidades, sindicatos ni representantes de la sociedad civil. Recuerda, además, que la normativa establece que el Consejo Escolar debe ser consultado preceptivamente en los anteproyectos de ley educativos que el Gobierno eleve al Parlament, cosa que en este caso no se ha producido.