Más de 100 centros se alzan para frenar la escalada del precio del transporte escolar y exigir su regulación

PalmaLa llamada impulsada por el GOB para reclamar tarifas justas de transporte escolar ya ha sumado el apoyo de más de un centenar de centros educativos de Mallorca, Menorca y Eivissa, y más de una decena de asociaciones de directores, familias y sindicatos, en un contexto marcado por la presión turística, que encarece los desplazamientos hasta hacerlos inasumibles para muchos centros y empuja a algunas empresas a dejar de ofrecer este servicio al considerarlo menos rentable. El resultado es que hay alumnos que no salen nunca de su municipio, porque dependen de la escuela para hacerlo y conocer mundo. Las adhesiones se han ido incorporando los últimos días y evidencian el alcance creciente de una problemática que hace años que afecta al conjunto de la comunidad educativa.

La entidad denuncia que el encarecimiento del transporte para hacer salidas escolares se repite cada año con la llegada de la temporada turística. En este período, las empresas de transporte priorizan los servicios vinculados al turismo, más rentables, lo que reduce la oferta disponible para los centros educativos y eleva los precios. Este año, además, la situación se ha agravado por el incremento del coste del combustible, que ha disparado aún más unas tarifas ya elevadas.

Alumnos que van de excursión y alumnos que no

Según el GOB, esta dinámica genera desigualdades entre el alumnado. En muchos casos, el coste del transporte llega a superar el de la actividad misma, una situación que ha provocado la reducción de salidas escolares y, en algunos centros, su eliminación. Esto implica que el acceso a estas experiencias queda condicionado por el nivel adquisitivo de las familias. Más allá del impacto económico, la entidad subraya la importancia pedagógica de las actividades fuera del aula, especialmente en el ámbito de la educación ambiental, ya que permiten a niños y jóvenes conocer su entorno y entender la relación entre sociedad y naturaleza.

Ante este escenario, el GOB y los centros adheridos reclaman medidas urgentes a las administraciones. Entre las propuestas se encuentran el establecimiento de una tarifa educativa regulada con precios máximos asequibles, la garantía de una cuota mínima de autocares para uso educativo en temporada alta, la creación de un calendario protegido para salidas escolares, ayudas públicas para compensar los sobrecostes y mecanismos de contratación pública centralizada. También plantean reforzar el transporte público como alternativa viable. Finalmente, indican que algunas administraciones locales ya se han puesto en contacto para buscar soluciones y que quedan a la espera de que las autoridades competentes convoquen una reunión con todos los actores implicados.