Mallorca no sabe cuántas personas viven en asentamientos ilegales en suelo rústico
Las administraciones registran infracciones urbanísticas, pero no cruzan los datos con las sociales y no distinguen entre familias vulnerables y negocios de alquiler clandestino
PalmaLos asentamientos ilegales en suelo rústico, vinculados a la demanda incesante de mano de obra y a la emergencia de vivienda, ponen a prueba a las administraciones públicas de las Islas Baleares. A pesar de que caravanas, casetas y construcciones precarias se han vuelto habituales en las afueras de los pueblos y por caminos rurales, ningún censo permite saber ahora mismo cuántos asentamientos hay en Mallorca ni cuántas personas viven en ellos.
Administraciones y entidades sociales cuentan a personas sin hogar, caravanas, infracciones y edificaciones fuera de ordenación, pero las categorías no coinciden ni se cruzan. Una caravana puede constar como infracción sin que se registre su uso residencial y el resultado es una realidad visible, pero estadísticamente fragmentada.
Las memorias de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) solo ofrecen una aproximación. Entre 2021 y 2023, el organismo detectó al menos 44 infraviviendas en suelo rústico: 23, 15 y 6, respectivamente. En 2024 y 2025 solo indicó el peso entre las nuevas actuaciones –un 8,23% y un 3,70%–, sin precisar la cifra, la ubicación ni las personas afectadas. Estos solo son datos de disciplina urbanística, no un censo residencial.
La Cátedra de Estudios Urbanos de la UIB elaboró entre junio y julio de 2024 una investigación pionera en el Estado. Localizó 150 autocaravanas en Palma y concluyó que unas 80 tenían un uso residencial. Más de la mitad de los encuestados llevaba entre uno y cinco años viviendo allí. La muestra, centrada en Palma, no se puede extrapolar al suelo rústico ni al conjunto de Mallorca, pero apuntaba que el fenómeno se expandía.
La falta de un recuento compartido dificulta distinguir a las familias que ocupan una caseta sin servicios de los negocios de alquiler clandestino y de las segundas residencias irregulares. La respuesta queda a menudo reducida al expediente urbanístico, sin una diagnosis social paralela.
“Es un hecho cada vez más frecuente y extendido, y no es extraño encontrarlo sobre todo en las afueras de los pueblos: casetas de herramientas sin agua ni luz donde vive toda una familia o personas solas”, explica David Abril, doctor en Educación y profesor de Sociología de la UIB. La fotografía completa sigue pendiente: la Administración cuenta expedientes, pero no sabe cuántos hogares se esconden detrás de las infracciones.