Hoteles y agencias reclaman eliminar la normativa de protección de datos de viajeros
El sector turístico balear se añade a las críticas al registro de viajeros después de que Bruselas haya abierto un expediente contra España por posibles vulneraciones del derecho europeo
PalmaEl sector turístico español ha abierto un nuevo frente de confrontación con el Ministerio del Interior a raíz del registro de viajeros. Las principales patronales de hotelería y agencias de viajes han reclamado la derogación del Real decreto 933/2021 después de que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción contra España por posibles vulneraciones en el tratamiento de datos personales.
En Baleares, la posición del sector hotelero ha sido especialmente contundente. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), integrada en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), considera que la decisión de Bruselas “confirma” las advertencias que hace tiempo que expresan y da la razón a sus críticas a una normativa que califican de “inaplicable”.
Según la patronal hotelera, el sistema obliga a las empresas a recoger y remitir grandes volúmenes de datos delicados de los clientes, lo que incrementa la carga administrativa y abre interrogantes sobre la protección de la privacidad. También alertan del riesgo jurídico derivado de la posible incompatibilidad con el derecho europeo, especialmente en lo que respecta a los principios de proporcionalidad y minimización de datos.
La FEHM, que ha dado apoyo desde el primer momento a las reclamaciones de CEHAT, reclama ahora la derogación inmediata del decreto y la apertura de una mesa de diálogo con el sector para diseñar un modelo alternativo. El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha lamentado que el Ministerio del Interior haya ignorado las advertencias del sector y confía en que el procedimiento europeo obligue a revisar el sistema.
Las agencias de viajes también presionan: “No somos sujetos obligados”
El frente de las agencias de viajes se ha sumado a las críticas. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha insistido en que deben quedar excluidas de la aplicación del decreto y considera que la investigación de la Comisión Europea confirma sus “preocupaciones de hace años”.
El sector denuncia que el modelo actual implica la recopilación masiva de datos personales y la conservación durante tres años, con una carga burocrática que califican de “inasumible”, especialmente para las empresas que actúan como intermediarias.
CEAV también alerta de la duplicación de información que genera el sistema, ya que diversos actores del sector deben remitir los mismos datos. Esto, sostienen, no mejora la seguridad, pero sí incrementa los costes y los riesgos de gestión de datos sensibles.
Además, la patronal cuestiona la base jurídica del decreto, ya que la normativa estatal de seguridad ciudadana no incluye explícitamente a las agencias de viajes como sujetos obligados. Por ello, considera que la ampliación de estas obligaciones vía reglamento plantea dudas de jerarquía normativa y seguridad jurídica.
Un sector movilizado y con una demanda común
En la misma línea, las patronales UNAV y FETAVE –en proceso de fusión– también han reclamado la suspensión urgente de la aplicación del decreto para las agencias de viajes y la paralización de cualquier desarrollo normativo que mantenga estas obligaciones.
Las organizaciones coinciden en una misma demanda: abrir una mesa de trabajo con el sector para redefinir el sistema de registro de viajeros y compatibilizar la seguridad pública con el respeto al derecho europeo de protección de datos.
Mientras Bruselas analiza el caso, el sector turístico balear ve en este procedimiento una oportunidad para forzar un cambio normativo que considera necesario desde hace años. El pulso entre empresas y Administración, sin embargo, se intensifica en un momento clave para una industria que en las Islas es el principal motor económico.