Baleares y la nueva propuesta de financiación autonómica

Resumo brevemente en este texto una consideración global de cómo afecta a la propuesta de nueva financiación autonómica en las Illes Balears. Pronto, pese a los reproches de unos y otros, la propuesta presentada que se conoce, estrictamente hablando, podemos afirmar que no supone un nuevo sistema de financiación. No es singular para Cataluña, aunque sí resulta relativamente beneficiada (pero no sólo ella: también Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana). No saca a Catalunya del régimen común ni la sitúa en el de Concierto económico. No es el fiel reflejo del acuerdo de investidura del que tanto se ha hablado como chantaje independentista. No es un pacto fiscal. No se compromete con la deseada ordinalidad. No es un modelo basado en las capacidades fiscales de cada comunidad. Sigue siendo un modelo garantista de estimación de necesidades a partir de los supuestos considerados en los ajustes poblacionales, y otorga escasa responsabilidad fiscal efectiva adicional.

La propuesta sí es algo más simple que el sistema vigente. Agiliza la tesorería de las comunidades reduciendo el sistema de adelantos. Aunque los resultados se acaban leyendo en ganancias relativas y no absolutas, se trata de un modelo que, en base a aportar más financiación, permite declarar que todas las comunidades "ganan".

A la hora de determinar resultados, la propuesta del Ministerio ofrece un aumento adicional para Baleares de 412 millones (un 1,96% de los 21 mil millones) que, respecto a la totalidad de la financiación balear, está claramente por debajo de la proporción actual de su financiación capitativa, que el propio Ministerio sitúa en un 7,2% superior a la media2, de la media2 y no a un 1,96%. Esta visión negativa es especialmente el caso si se considera además cuál será la aportación balear a la financiación de estos 21.000 millones adicionales de nuevos ingresos tributarios. De acuerdo con los datos disponibles, la contribución implícita de Baleares para sufragar ese total, ceterios paribus, se situaría entre los 538 y los 709 millones, según consideramos su contribución a la financiación autonómica a la vista de su capacidad tributaria per cápita (un 17% por encima de la media) o visto el conjunto de la balanza fiscal (un 22,4%). Ambos parámetros dan cifras claramente superiores a los 412 millones que ofrece el Ministerio. Sin embargo, FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) cuestiona estas cifras finales del conjunto de la distribución entre comunidades autónomas de la propuesta y, proyectando las liquidaciones de 2023, señala a Baleares como una de las comunidades que son beneficiadas, pasando en financiación capitativa ajustada total de un 10,6%. Ciertamente se reconoce la mejora relativa de algunos elementos nuevos (más IRPF, más IVA, participación de éste de las PYME baleares por encima de sus indicadores de consumo, participación anunciada en el nuevo Fondo climático…). Pero la modificación que se haga de la población 'ajustada', de la que se conoce poco, y menos aún del cálculo que se rehaga de la recaudación normativa que tanto pide FEDEA, puede estar jugando con mucha probabilidad en contra de Baleares, tanto por la recaudación real en sí misma como por la penalización que se establezca por reducción de impuestos.

Pérdida de posición ordinal

Remarcamos que los datos finales no se conocen bien (para 2027). En cualquier caso, en ninguno de los rankings de ordinalidad hasta hoy publicados, también en este diario, las Islas recuperan la segunda posición ordinal de acuerdo con su contribución fiscal. Quizá por eso la vicepresidenta se ha pronunciado de palabra comprometiéndose a respetar la ordinalidad con Catalunya, pero no con Baleares. Sobre todo queda pendiente, como decíamos, cómo se revise la recaudación normativa, que el Ministerio dice que va a efectuar, y de algún invento más en la llamada 'población ajustada'. En esta revisión pueden perder muchos recursos Baleares (y que sea quizás ya la razón de la baja participación en la financiación adicional que da la propuesta del Ministerio), ya que un cómputo al alza de la recaudación normativa dejaría más aportación isleña al Fondo de Garantía y menos excedente para el Govern balear, dada su recaudación fiscal. Este recálculo puede tener lógica para penalizar relativamente las rebajas fiscales de las comunidades que optan por este tipo de ejercicio de la autonomía tributaria, pero no está claro qué efectos tendrá para el resto de impuestos propios y cedidos.

En cualquier caso, los incrementos de la participación en IRPF e IVA, bajo el índice basado en el consumo relativo total de la comunidad (es decir, sin IVA colegial ni el consumo sólo de residentes), preservan la consideración del consumo de la población flotante. Se incorpora una adenda para el IVA PYME, de confirmarse un mayor cumplimiento fiscal de la comunidad respecto al resto de comunidades en esta fase minorista, y se participa en el nuevo fondo para el cambio climático (dos tercios para la cuenca mediterránea). Interesa tanto en Baleares como en Cataluña que la nivelación se mantenga en el 75% y que se consolide la capacidad fiscal actual ante las propuestas que aspiraban al 100%, eliminando cualquier atisbo de responsabilidad tributaria de las comunidades. En este sentido, 'se han salvado mínimamente los muebles'.

Los peligros de la 'población ajustada'

Los 'peligros' siempre pueden proceder también del 'fantasma' de la población ajustada, que de momento tiene un efecto prácticamente neutro. Este sucedáneo de estimación de necesidades, que define variables y las pondera algo a gusto y conveniencia, mantiene una elevada discrecionalidad en favor de la administración central. En todo caso, para un gobierno autonómico como el actual, que no se posiciona a favor de un modelo basado en capacidades tributarias, con mayor responsabilidad fiscal y, con ello, asunción de riesgo financiero, ese 'ajuste' peligroso siempre estará ahí. El Estado recauda todo y transfiere según cree. Esto puede ser más garantista para el Govern balear, desde la aceptación de que en Baleares, desde un punto de vista fiscal, no hay isleños sino españoles que viven en Baleares. Éste es, de momento, el sentimiento de pertenencia balear, tal y como lo recogen hoy y en el pasado las mayorías parlamentarias, lo que debilita la reivindicación financiera para el reequilibrio de la balanza fiscal, que es donde radica la madre de los huevos. Notemos que, a diferencia de Baleares, en el Parlament de Catalunya se exige hoy incluso su cálculo en la presentación de los presupuestos anuales; un acuerdo que no existe ni mucho menos en el Parlament balear.

La propuesta de financiación recientemente presentada tiene un futuro incierto. No está claro su recorrido legal, ni la disposición de las partes a aceptar cambios, ni cómo esto puede tergiversar la aceptación inicial de la propuesta. Corresponde a los gobiernos respectivos, y sobre todo a la sociedad civil, velar por que todo ello no acabe en una nueva forma de trilerismo político, que desacredite de nuevo nuestra maltrecha democracia y deje las cosas tal y como están.