Aena dice que la ley de cogestión aeroportuaria de las Baleares es "inconstitucional" y amenaza con actuar si se aprueba
La compañía defiende que la regulación y la gestión de los aeropuertos de interés general corresponden en exclusiva al Estado
PalmaAena considera que la proposición de ley de cogestión aeroportuaria de las Baleares es inconstitucional y ha advertido que tomará "las decisiones necesarias" para defender sus intereses si finalmente el texto se aprueba en el Congreso de los Diputados.
La posición de la compañía llega horas después de que el gobierno español haya levantado el veto que inicialmente había impuesto a la tramitación de la iniciativa impulsada por el Parlamento de las Baleares. El texto podrá así llegar próximamente al Congreso, donde deberá ser debatido.
En una comunicación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena asegura que la proposición contiene "previsiones claramente incompatibles con el marco legal vigente", especialmente con el marco constitucional.
La empresa defiende que las competencias normativas, de supervisión y de regulación de los aeropuertos de interés general corresponden "únicamente" al Estado. Reconoce que las comunidades autónomas tienen competencias relevantes en materia aeroportuaria y de transporte aéreo, pero rechaza que eso les permita asumir la gestión de los aeropuertos.
Aena rechaza el modelo de cogestión
La compañía sostiene que las autonomías pueden participar en la toma de decisiones relacionadas con los aeropuertos, pero siempre dentro del marco normativo actual. En este sentido, considera que la creación de un comité de coordinación, prevista en la proposición de ley aprobada por el Parlamento balear a finales de abril, no encaja en la legislación vigente.
Aena también defiende el modelo actual de gestión conjunta de la red aeroportuaria estatal, basado en lo que define como "principio de solidaridad económica". Según este sistema, los aeropuertos con más actividad contribuyen a financiar las pérdidas de los que tienen un volumen de tráfico más reducido.
Por eso, la empresa considera que cualquier cambio en el modelo de gestión podría afectar al funcionamiento del conjunto de la red.
Aena ha trasladado a la CNMV su "plena confianza" en que las Cortes Generales garantizarán que la proposición de ley se ajuste al marco constitucional. Pero también ha dejado claro que, si no es así, está dispuesta a actuar.
"Si fuera necesario", la compañía adoptará "las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas", ha advertido.
El gobierno español levanta el veto
La reacción de Aena se produce el mismo día que el gobierno español ha decidido retirar el veto a la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria de las Baleares. La decisión abre la puerta a que la iniciativa sea debatida en el Congreso durante las próximas semanas.
El ejecutivo estatal había rechazado inicialmente la tramitación porque consideraba que la ley podría reducir los ingresos de Aena y obligaría a compensar esta pérdida con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
El gobierno español argumentaba también que la aprobación de la norma podría tener un "efecto directo" sobre las tarifas y el tráfico aéreo, con una repercusión económica "muy significativa" sobre los resultados de la compañía y, en consecuencia, sobre los dividendos.
Ahora, con el levantamiento del veto, la propuesta deberá afrontar el debate parlamentario mientras Aena ya ha dejado clara su oposición frontal al modelo de cogestión planteado por las Baleares.